Todo parece indicar que asistimos a la emergencia de un escenario político en el que la gobernabilidad de las sociedades será cada vez menos dependiente del peso inercial o el automatismo de sus instituciones políticas y cada vez más de la actitud de sus componentes individuales y colectivos. Una tendencia que encuentra su fundamento en la convergencia de procesos que se arrastran desde hace algunas décadas tales como la crisis de las ideologías, el escepticismo de la ciudadanía sobre las posibilidades del Estado para asegurar su libertad y su bienestar individual o el cuestionamiento a las formas tradicionales del poder político. Pero se trata de una tendencia que sólo ha podido acelerarse en la medida en que las nuevas tecnologías de la información permiten a los actores políticos la posibilidad de eludir gran parte de las constricciones institucionales que estructuran su comportamiento al permitir trascender su ámbito territorial de actuación.  Estrechamente relacionado con ello, la segunda idea que queremos retomar aquí es la relevancia que adquiere la esfera pública como sustento de toda la arquitectura política en las sociedades democráticas. Por esfera pública reconocemos uno de los tres órdenes de coordinación espontánea que definen a la Sociedad Civil, junto al mercado y el entramado de asociaciones voluntarias, en la que los ciudadanos debaten temas de interés común y en el que en un proceso interactivo recurrente toman forma los valores cívicos que guían su conducta [2] . Si aceptamos, como señalábamos anteriormente, que asistimos a una progresiva disminución de la coerción que ejerce la institucionalidad política formal para condicionar los comportamientos de los actores políticos, resulta imprescindible que éstos presenten determinadas disposiciones cognitivas y morales que hagan plausible la convivencia democrática. Es decir, que hagan plausible la búsqueda de intereses particulares a partir del respeto a la libertad de los demás, así como la cooperación para la consecución de los intereses comunes. La posibilidad de que este tipo de disposiciones cognitivas y morales terminen siendo asimiladas se encuentra en la existencia de un debate continuo entre los actores de la arena política en el que se contrapongan y lleguen a acuerdos los diversos intereses y las diferentes lecturas del bien público. Una “conversación cívica” que asume como premisa, tal y como apunta Víctor Pérez-Díaz, de la existencia de una pluralidad de intereses, ideas y creencias, no como un hecho a tolerar, sino como un hecho deseable (Pérez-Díaz, 1997).

A partir de estas dos tendencias que van delimitando las nuevas formas de concebir “lo político” en la Sociedad de la Información se destilan algunos rasgos comunes desde los que reconsiderar el utillaje conceptual y teórico de la Ciencia Política. En concreto, tres rasgos sobresalen como puntos de referencia desde los que reconstruir una teoría básica para obtener categorías explicativas sobre “lo político” en los nuevos tiempos. Estos son la preeminencia de la individualidad en la acción política, la utilidad de un principio de racionalidad limitada por las constricciones institucionales como pauta analítica del comportamiento político de los individuos y la reconstrucción desde los niveles micro hacia los niveles meso y macro de la realidad política a partir del uso del promisorio enfoque de las redes políticas. Nuestras ambiciones aquí distan mucho de formular una propuesta teórica de carácter sistémico y omnicomprensiva. Tan sólo nos conformamos con listar los rasgos señalados, justificar esta selección y desarrollar algunas ideas al respecto de cada uno de ellos.          

Todas las miradas dan cuenta de la importancia que ha adquirido el individuo en los procesos de acción política de carácter colectivo. Lo que, en otros términos, significa que la participación de los individuos en la organización política ha dejado progresivamente de responder a un instinto gregario estimulado por factores ambientales, tales como vivir o trabajar bajo ciertas condiciones, y se fundamenta hoy más que nada en sus propias decisiones individuales, deliberadas y explícitas. Este fenómeno ha sido interpretado de dos formas diferentes. Una primera interpretación establece una relación directa entre la individualización en los procesos de acción colectiva y la apatía política que padecen, en mayor o menor medida, todas las democracias. Desde esta perspectiva, este fenómeno aparece como el resultado de un pragmatismo exacerbado y de la tacañería que en términos de inversión en confianza social ha terminado imponiendo la preponderancia del mercado. Dada la severa erosión del entramado de lealtades políticas que en el pasado permitían organizar a la ciudadanía en razón de preferencias pre-determinadas por nuestra ubicación socio-económica o territorial en la sociedad, así como la ausencia de ideologías que establezcan pautas claras hacia donde dirigir nuestra acción colectiva, el declive de “lo político” aparece irremediable. Una segunda interpretación, con la cuál nos identificamos mucho más, no elude los efectos perversos que ha tenido en las últimas décadas el deslumbramiento sobre las bondades del mercado como eje principal de articulación del orden social. Lo que, sin duda, ha contribuido de forma ostensible al declive de la política en nuestras sociedades al estimular las estrategias cortoplacistas y, por tanto, limitadas para generar los lazos de reciprocidad y confianza que fundamentan el compromiso político. No podemos encontrar una explicación más elegante y parsimoniosa al alto abstencionismo electoral que sufren en la actualidad todos los países democráticos recurriendo a la concepción utilitarista del votante medio que no tiene razones para sacrificar parte de su tiempo e incurrir en costes de transporte dado que su capacidad de determinar el vencedor es infinitesimal. Pero también más refutable en la medida que, a pesar de todo, la mayoría de la gente sigue yendo a votar. Si a ello añadimos la constatación de formas emergentes a través de las cuáles la ciudadanía se articula colectivamente para participar en la política, deberemos reconocer que más que una crisis de “lo político” en la sociedad asistimos a una transformación de las viejas formulas de concebir y concretar en acciones “lo político” en las sociedades. Una transformación que toma forma a partir de la paradoja que plantea la individualidad. Es decir, más que una forma de autismo social y ausencia de compromiso político que denota la idea de individualismo, la individualidad se concibe a partir de la necesidad que sigue existiendo en el individuo de afianzarse como actor político a partir de su contribución a procesos de acción colectiva. Pero desde nuevos parámetros que convergen en la preservación de márgenes de autonomía personal desde los que decidir cuando, cómo y con quién involucrarse en política.

La individualidad se materializa en la actualidad a partir de la emergencia de un nuevo tipo de organización para la acción política que se distinguen por su flexibilidad, su carácter adhocrático y por trascender los límites territoriales de la institucionalidad política. Un nuevo tipo de organización política que sólo es factible con base a los sistemas de comunicación, esencialmente Internet y los medios de comunicación. La experiencia más conocida al respecto son las movilizaciones anti-globalización iniciadas en Seattle en diciembre de 1999 en el marco de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Un tipo de movilizaciones que ya no cuenta detrás de ellas una organización política permanente, profesional y con roles de mando estructurados jerárquicamente y claramente delimitados. Más bien podría decirse que aparecen como el resultado de la agregación de intereses y voluntades de múltiples instancias repartidas globalmente que encuentra en Internet el medio para, a partir de su entrelazamiento en relaciones horizontales basadas en la percepción de mutua dependencia, adquirir cierta organicidad y  pasar a la acción política. En este sentido, tal y como apunta Manuel Castells, “El ciberespacio se ha convertido en una ágora electrónica global donde la diversidad del descontento humano explota en una cacofonía de acentos” (Castells, 2001). En este nuevo escenario de la contienda política las herramientas y estrategias disponibles son, principalmente, la política de información, o la capacidad de generar rápida y creíblemente información utilizable y movilizarla hacia donde tendrá mayor impacto; la política simbólica, o la capacidad para generar símbolos, acciones o historias que den sentido a una situación, para un público que con frecuenta esta lejos del problema [3]. La eficiencia en su uso cada vez retribuye mayores réditos políticos. Prueba de todo ello fue la capacidad que demostró el movimiento zapatista en Chiapas para conquistar en el mundo el apoyo de su causa a través del envío de faxes, el Internet, la relación con los medios de comunicación y la generación de una base de apoyo funcional a partir de redes de solidaridad.

La importancia de primer orden otorgado al individuo como sujeto político primario nos conduce inexorablemente a discernir sobre los principios que guían su comportamiento. En esta línea, probablemente no pueda encontrarse ninguna propuesta dentro de las Ciencias Sociales que en los últimos tiempos sea objeto de tantas filias y fobias como el principio de racionalidad. Una discusión que tiene su episodio más intenso en el airado alegato que hizo el economista Gary Becker (1976) en favor del uso de herramientas conceptuales procedentes de la economía neoclásica para estudiar problemas sociales como la estabilidad matrimonial, la fecundidad o la delincuencia y que encuentra en los autores agrupados en la revista Public Choice su mayor nivel de identificación en el ámbito de la reflexión política

Su defensa de una mirada hacia la sociedad a partir de la concepción de individuos con una capacidad ilimitada de cálculo instantáneo; omniscientes respecto a sus alternativas, las consecuencias de sus acciones y la probabilidad de que se den; con preferencias estables, bien definidas y ordenadas, de carácter marcadamente egoísta en su intento por maximizar la utilidad esperada ha provocado una reacción legítima de gran parte de las Ciencias Sociales y la  Ciencia Política. A todas luces resulta bastante difícil llegar a entender como este mundo de seres irreales nos puede llevar a comprender el mundo real donde los seres humanos muestran una capacidad limitada para percibir, interpretar, recordar, calcular, y en función de todo ello, tomar decisiones que no violen principios básicos de racionalidad.  Tal y como apunta Douglass C. North (1993), recuperando algunos de los elementos de la Psicología Cognitiva introducida en la teoría de la organización por Herbert Simon (1955), los procesos de razonamiento de los individuos se encuentran moldeados por su percepción subjetiva acerca del problema a resolver y de su marco. Una percepción subjetiva fundada en todo un sistema de creencias que sirve a los individuos para desarrollar modelos mentales con los que comprender, ordenar y desarrollar juicios prescriptivos sobre el medio en el que actúan [4] . Si queremos acercarnos fehacientemente al comportamiento individual en política no podemos abstraernos de la relevancia de estos modelos mentales o representaciones interiorizadas que los sistemas cognitivos individuales crean para interpretar el medio.

¿Significa todo lo señalado hasta el momento que debemos desechar las posibilidades que nos ofrece el principio de racionalidad para poder deducir argumentos sobre la política a partir de un buen ejercicio de abstracción?.  A mi juicio esta claro que no. De ser así estaríamos condenados a seguir empantanados en conceptos generales, teorías de rango medio y descripciones densas de la realidad social a que nos han llevado muchos de los enfoques teóricos que han prevalecido y siguen teniendo una presencia importante en la Ciencia Política (estructuralismo, funcionalismo, el factualismo histórico o el institucionalismo jurídico,..). La capacidad de una disciplina para producir conocimiento no puede depender de la acumulación sobre sesgos y particularidades para alcanzar una “masa crítica” desde la que inducir generalidades. Es evidente que los seres humanos damos muestras evidentes de irracionalidad, pero ello no supone que tengamos una visión falsa de la realidad cuando aceptamos como premisa básica que también tienden a regirse por un principio común de racionalidad que termina ejerciendo una mayor influencia que todos los demás componentes de su personalidad. Probablemente el principio de racionalidad si que es una asunción incompleta de la realidad, pero también la que nos sitúa mejor, como apunta Hernes (1992), dentro de una “lógica de la situación”. Más aún si sabemos apartarnos de los modelos mono-causales, como los que propone la economía neoclásica, y avanzamos hacia la construcción de explicaciones basadas en el principio de racionalidad en la que las variables económicas sean simplemente una variante entre otras como son valores como el poder, el prestigio, estatus, salvación…. Pero aún más relevante, debemos avanzar hacia la definición de un principio de racionalidad limitada que nos permita dejar de lado la práctica de ejercicios puramente formales en que han caído, como apunta Schelling, aquellos que han adoptado una especie de “entusiasmo evangélico” por este enfoque (citado en Swedberg, 1990: 326) y tomando en cuenta aquellos factores ambientales identificados por las aproximaciones más contextuales u holísticas en las Ciencias Sociales que enmarcan los procesos de toma de decisiones.

En esta tarea de problematizar el proceso de toma de decisiones, el que permite reconciliar el principio de racionalidad con las otras tradiciones existentes dentro de la disciplina, nos encontramos, entre otros, con los autores más reconocidos de la corriente neoinstitucionalista. Nos referimos, por ejemplo, a los sociólogos March y Olsen (1989) o al historiador económico Douglas C. North (1993). Salvando las diferencias entre unos y otro, estos autores han permitido avanzar en la comprensión de los límites de la racionalidad de los actores en la medida que convierten al contexto estratégico u orden institucional donde se produce la relación política no en un mero mecanismo en donde se produce la agregación de las preferencias individuales, sino estructuras que modelan la inestabilidad, la imprecisión y el carácter endógeno que tiene el proceso de formación de preferencias en cada uno de los distintos actores. Otro autor menos conocido, pero a nuestro juicio contribuye de forma significativa a superar las ortodoxas y esclerotizadas concepciones del principio de racionalidad manejado por algunos teóricos de la elección racional es Jon Elster. Un autor que justifica su consideración del proceso político como un proceso transformador de las preferencias de la siguiente forma: dado que el núcleo central del modelo del actor racional se basa en la capacidad de preferir una opción sobre otra o la posibilidad de valorar opciones y ordenarlas en una jerarquía que permite elegir, deberemos concluir que esto sólo será posible si existe algún tipo de relación con el contexto estratégico o marco institucional en que se produce el proceso de formación de preferencias. Por otro lado Elster concilia el principio de racionalidad con la Psicología Cognitiva al plantear que “mientras la racionalidad de una acción se demuestra por gozar de consecuencia interna con las metas y creencias de un agente, la racionalidad de las creencias depende de la consecuencia interna que exista entre las creencias y la evidencia empírica de la que la gente dispone [5] . Estamos, por tanto, ante seres humanos que actúan movidos por razones que sólo en ocasiones se reducen simplemente a un balance de costes y beneficios. Estas razones se basan a menudo en teorías o conjeturas que, en opinión de los individuos en cuestión, explican la realidad mejor que planteamientos alternativos, y que por lo tanto “racionalizan” su decisión, con independencia de que objetivamente una decisión alternativa pueda procurarles mayor utilidad.

Cada vez son más los autores que trabajan con explicaciones basadas en el principio de racionalidad y que hacen hincapié en la necesidad de corroborar empíricamente las hipótesis derivadas de estas explicaciones. Asimismo, también cada vez son más los autores que desde las filas de las tradiciones empiristas reclaman la asistencia del principio de racionalidad para modelizar los procesos causales que dan lugar a determinadas regularidades empíricas [6].  Todo ello nos permite avanzar hacia la corroboración empírica de las condiciones contextuales en que la aplicación del principio de racionalidad adquiere mayor poder explicativo y los distintos tipos de racionalidades existentes ligadas a los distintos tipos de procedimientos de seleccionar, obtener, recibir, acumular y administrar información. En esta línea, y dentro de nuestra exploración sobre las nuevas formas de accionar político en la Sociedad de la Información, Maoz (1990) plantea que los modelos basados en este principio de racionalidad funcionan mejor en condiciones en que el nivel de “estimulación emocional” de los individuos implicados no es ni demasiado bajo, en cuyo caso tienden a regirse por hábitos y rutinas, ni extremadamente alto, en cuyo caso cobran fuerza factores extra-racionales y se inhiben las capacidades analíticas requeridas para comportarse racionalmente. A pesar de la ausencia de un corpus de investigación empírica consolidada sobre la temática, algunos de los estudios más concluyentes sobre el comportamiento de los individuos frente a la computadora nos revelan datos sobre algunas aptitudes cognitivas que potencian su racionalidad en su proceso de toma de decisiones. Por un lado, potencia su capacidad de acceso y recolección de información desde la que identificar alternativas. Por otro lado, en la interacción virtual la mediatización que ejerce Internet inhibe ciertas “tentaciones de irracionalidad” en la medida en que la interfase entre evaluación de alternativas y toma de decisión es mayor que en las relaciones no virtuales. Lo que nos otorga mayores posibilidades para limitar nuestra tendencia a ser débiles de voluntad o actuación intencionada contra nuestro juicio o criterio acerca de lo que es mejor para nosotros. En otras palabras, retomando a Elster (1986), la debilidad de voluntad consiste en que valoramos más la recompensa futura, pero cuando se acerca el momento de la elección nos inclinamos por la recompensa presente. Todos hemos desarrollado recursos propios para no sucumbir a este tipo de tentaciones en nuestra vida cotidiana como el alejar el despertador para obligarnos a madrugar o poner cuotas a nuestra tarjeta de crédito para limitar nuestro gasto. Estos recursos son el resultado de proceso de aprendizaje en los que hemos testeado hábitos y rutinas adoptando aquellos que han demostrado ser más eficaces en el curso del tiempo. Pero en el caso concreto de la participación política, el nivel de rutinización siempre será bastante limitado para la mayoría de los individuos ya que tomar parte en este tipo de acciones resulta mucho menos frecuente. Por lo que nuestra vulnerabilidad a “caer en la tentación” o a mostrarnos débiles de voluntad es mucho mayor. Bajo estas circunstancias, la mediación que ejerce el escenario virtual resulta, si bien no determinante, si un mecanismo importante para impermeabilizarnos de los factores que pueden llegar a vulnerar nuestra racionalidad. Tómese en cuenta el siguiente ejemplo como una forma de sustentar nuestra argumentación. Como es bien conocido, una estrategia repetidamente empleada por los líderes políticos es sembrar inquietud acerca de las intenciones de sus rivales. Este tipo de mensajes ejerce una influencia muy estimable sobre las preferencias de los individuos dada su aversión al riesgo y su tendencia a sobreestimar, como apunta desde la Psicología Cognitiva Kahneman y Tversky (1979), las probabilidades pequeñas. Pero debemos concordar que la influencia no puede ser la misma cuando el receptor del mensaje debe optar por una alternativa en el marco de una asamblea en la que se encuentra cara a cara con los dirigentes políticos y acompañado de los otros decisores, que cuando el mensaje llega a través de una computadora. Lo que apunta las posibilidades de lograr una democracia más reflexiva a partir de la apropiación tecnológica por parte de los ciudadanos.

Internet es la red de redes. Internet es la red que hace posible la articulación de nodos interconectados a escala planetaria, los cuáles son a su vez redes de nodos interconectados de otras redes menores. Internet es, por tanto, la base tecnológica de la estructura social emergente propia de la Sociedad de la Información (Castells, 2001). La idea de “Sociedad Red” ha pasado a ocupar un lugar de privilegio entre las categorías conceptuales de las Ciencias Sociales a partir de la aparición de la conocida trilogía de Manuel Castells, La Era de la Información. Pero ya desde el primer tercio del siglo XX,  la red forma parte de las herramientas conceptuales que la Antropología ha utilizado en sus estudios etnográficos de sociedades tradicionales [7] . Y es que probablemente la red sea la forma más antigua de organización social dada  la simpleza de su funcionamiento y la adaptabilidad a los distintos entornos. Sin embargo, y en la medida que las sociedades se hacían más complejas, la red como estructura organizativa fue superada por sus dificultades para coordinar funciones y asignar recursos a múltiples componentes por otro tipo de estructuras organizativas más acordes a la nueva realidad. Esto es, la estructura burocrática basada en la coordinación básica entre sus diferentes procesos y actores que la integran a partir de los principios de integración jerárquica y centralizada de sus componentes, la división mecanicista ordenada a partir de la especialización funcional o la supeditación a las reglas. Su principal fortaleza es la capacidad de desempeñar actividades o funciones estandarizadas de manera muy eficaz. La especialización funcional permite la generación de economías de escala, mientras que la observancia de los miembros a la estructuras de reglas formales reduce la incertidumbre al limitar los espacios de la discrecionalidad personal. Entre sus principales debilidades cabe resaltar dos. En primer lugar, que dada la estricta división del trabajo y, por ende, la ausencia de vínculos horizontales al interior de la organización, se tiende a que las metas funcionales de cada una de las partes termine dejando de lado las metas globales del conjunto. En segundo lugar, y de mayor peso para nuestro argumento, su incapacidad de responder a los cambios que se producen en su entorno dada la rigidez y centralización de sus estructuras.

La burocratización se convirtió en el paradigma a social a seguir en la Sociedad Industrial. En su diseño y funcionamiento todas las organizaciones públicas y privadas trataban de ajustarse a las pautas marcadas por este modelo. Mientras tanto las redes estaban circunscritas a ámbitos muy concretos, al entorno de la vida privada. No sería hasta la década de los setenta cuando la Red empieza a expandirse como paradigma organizacional a costa de la Organización Burocrática. A diferencia de éste, el modelo de Organización en Red se articula alrededor de principios tales como la flexibilidad, la horizontalidad o la autonomía de las partes. La estructura formalizada deja paso a un esquema basado en la articulación de los diversos componentes que forman la organización dentro de una estructura de red caracterizada por combinar un elevado grado de interdependencia con un considerable nivel de autonomía de cada una de sus partes. La cultura organizacional propia de este tipo de organización se caracteriza, principalmente, por la asunción de la vulnerabilidad de la organización al cambio. Lo que se traduce en una disposición a asumir riesgos, a dedicar esfuerzos al aprendizaje constante y a aceptar la inestabilidad de las relaciones tanto con actores externos, como al interior de la organización. Una de las principales fortalezas de este tipo de organización es su carácter adhocrático. Esto es, la posibilidad que ofrece para orientar los recursos y esfuerzos de la organización para la consecución de un determinado objetivo global. La ausencia de una estricta división del trabajo en base a la especialización funcional facilita la posibilidad de coordinar a los diferentes componentes de la organización a fin de cumplir las metas propuestas. Una segunda fortaleza sería su capacidad para afrontar entornos dinámicos e inestables dada la flexibilidad de sus estructuras. Las debilidades de este tipo de organización provienen de los problemas derivados del espacio que se abre a la discrecionalidad en la actuación de sus componentes como consecuencia de la falta de reglas y reglamentos bien establecidos. Lo que lleva a que en este tipo de organizaciones gane relevancia el liderazgo sobre la gerencia, a diferencia de lo que pasaba en la Organización Burocrática, como elemento clave capaz de reconducir los conflictos entre las partes y limitar la ambigüedad en los procesos de coordinación al interior de la organización.

Detrás de la emergencia de la Red como nuevo paradigma organizacional dominante se encuentra, tal y como señala Castells (2001), tres procesos independientes. Por un lado, la necesidad de la economía de flexibilidad en la gestión y de globalización del capital, la producción y el comercio. Por otro lado, las demandas de una sociedad en la que los valores de la libertad individual y la comunicación abierta se convirtieron en fundamentales. Finalmente, los extraordinarios avances tecnológicos que dieron lugar a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Y es que sólo con estas tecnologías, y especialmente Internet, la Organización en Red pudo expandirse más allá del ámbito privado al hacer plausible la toma de decisiones coordinada y la ejecución descentralizada.

La política ha estado durante demasiado tiempo muy impermeable a las transformaciones que propone el paradigma organizacional de la Red. Pero finalmente la impronta de la Red ha terminado permeabilizando la política fundando nuevas tendencias en la gobernabilidad de las sociedades. A ello han contribuido, fundamentalmente, dos procesos convergentes entre sí. Por un lado, el cuestionamiento a la concepción centrípeta del poder propia del Estado moderno y, como resultado de ello, el reparto de sus recursos y competencias hacia nuevas entidades territoriales y supranacionales. Por otro lado, la nueva hechura que toma la agenda política como resultado de la complejización y diversificación de las demandas ciudadanas y de su creciente movilización e influencia alrededor de los procesos de formación de las políticas públicas. En suma, transformaciones que convergen en definir un escenario político en donde los actores ganan autonomía en el sentido de que sus decisiones dejan de responder a las constricciones de la institucionalidad formal y se fundamentan, básicamente, en sus propias opciones, deliberadas y explícitas. Como resultado de ello, toman fuerza como factor determinante de los resultados de los distintos procesos políticos las relaciones no formales y horizontales que mantienen entre sí los actores involucrados en los mismos. Lo que no significa que se pueda obviar la relevancia que tienen los procesos reglados o estructurados dentro de la institucionalidad formal de la política. Pero si que resulta preciso integrarlos dentro de marcos conceptuales más flexibles que permitan dar cuenta de estos mecanismos emergentes de coordinación política, las redes políticas.

Las redes políticas se distinguen entre sí en razón de toda una serie de rasgos relativos a las propiedades estructurales del conjunto de la red. Los más reiterados por parte de la literatura especializada son el tamaño o número de actores que participan en la red; los distintos tipos de intereses involucrados; la cohesión medida en el número real de relaciones existentes entre los actores de la red en relación al número potencial; la intensidad, en tanto que frecuencia y volumen de los atributos intercambiados; estabilidad o persistencia en el tiempo de las relaciones; y autonomía o grado de permeabilidad de la red a actores que son percibidos como ajenos a la misma. La identificación de estos rasgos ha dado lugar a una amplia gama de propuestas tipológicas con las que se busca clarificar la amplitud y complejidad de las formas que actualmente toman las relaciones de los actores en torno al proceso de formación de las políticas públicas. Sin embargo, la gran variedad de tipologías que surgieron en los primeros momentos de efervescencia de la corriente de las redes políticas condujo a un alto grado de confusión en la que similares tipos identificaban fenómenos diferentes y diferentes tipos se referían a fenómenos similares [8] . Ante esta situación, resulta comprensible que la tendencia en años posteriores haya sido optar por aquellas categorías que permiten asentar con claridad aquellos elementos básicos desde los que operar el enfoque de las redes políticas. Entre estas tipologías, la que mayor grado de aceptación ha tenido y la que a nosotros nos resulta más operativa ha sido la de Marsh y Rhodes (1992)  articulada en torno a dos tipos ideales de redes políticas: la Comunidad Política y la Red Temática.

La Comunidad Política se caracteriza por ser un tipo de red con un número restringido de participantes que intercambian frecuentemente información y recursos en torno a un interés compartido en el que se da un amplio grado de consenso en torno a las normas que articulan la intermediación de intereses entre los actores involucrados. Asimismo, el consenso permite determinar qué problemas van a ser tratados, el contenido de los mismos, así como la forma en que deben ser resueltos. Todos los participantes poseen recursos que intercambian en el proceso de elaboración de políticas basado en la negociación, y presume en consecuencia, la capacidad de los grupos de asegurar que sus miembros se sujeten a la decisión. Existe un balance de poder, pues si bien un grupo puede dominar, el tipo de relaciones que desarrolla entre los miembros no es de suma-cero, sino de suma positiva pues todos ganan si la comunidad persiste. La Comunidad Política es una forma institucionalizada de relación, que favorece ciertos intereses y excluye otros. Una comunidad política puede involucrar instituciones formales (consejos sectoriales, órganos consultivos) o informales (contacto informal día a día), así como un conjunto de creencias que albergan un acuerdo de las opciones políticas disponibles. La Comunidad Política funciona con un alto grado de autonomía con respecto a otros intereses que son considerados ajenos a la red. Este tipo de red es propio de aquellos sectores o subsectores en los que se combina un alto grado de integración de los intereses privados en estructuras organizativas comunes, lo que les permite monopolizar la representación, y una acción centralizada y de amplio alcance por parte del Estado.

La Red Temática viene definida por ser una red con un amplio número de participantes que mantienen relaciones fluctuantes y con un escaso valor al basarse más en la consulta que en la negociación sobre la definición de las políticas públicas. Los bajos niveles de cohesión existente entre los actores de la red favorece la ausencia del consenso y la presencia del conflicto. El Estado, por su parte, queda reducido al papel de garante de las reglas formales, abstractas y universales que cada cuál debiera respetar mientras persigue sus propios fines. Este tipo de red se da, principalmente, en aquellos escenarios en los que los intereses privados privilegian la acción individual sobre la colectiva en arenas donde el recurso en competencia es, básicamente, algún tipo de reglamentación. Asimismo, se desarrollan generalmente en áreas nuevas donde ningún grupo tiene un dominio establecido o donde no existen instituciones establecidas que posibiliten la exclusión.

Dimensión	Comunidad política	Redes Tematica
Miembros
Número de participantes	Restringido	Muchos.
Tipo de intereses	Dominio de un número limitado de intereses	Amplia gama de intereses afectados.
Integración
Frecuencia de interacción	Frecuente, alta calidad, interacción de todos los grupos sobre todas las materias vinculadas con las políticas de referencia	Los contactos fluctúan en frecuencia e intensidad
Continuidad	Miembros, valores básicos y resultados persisten en el tiempo.	Acceso fluctuante
Consenso	Todos los participantes comparten valores básicos y aceptan la legitimidad de los resultados.	Cierto grado de acuerdo, pero conflicto presente
Recursos
Distribución de recursos dentro de la red	Todos los participantes poseen recursos. La relación básica es una relación de intercambio.	Algunos participantes poseen recursos  pero son limitados. La relación básica es la consulta.
Distribución de recursos dentro de las organizaciones participantes	Jerarquía, los líderes pueden deliberar con los miembros.	Variada, distribución variable  y capacidad para regular a los miembros.
Poder	Equilibrio de poder entre los miembros. Aunque, un grupo puede dominar, debe tratarse de un juego de suma- positiva para que la comunidad persista.	Poderes desiguales, que reflejan recursos desiguales y acceso desigual –juego de suma- nula.

La sencillez y claridad de la tipología de Marsh y Rhodes nos permite explorar, dentro de un plano continuo, los supuestos y las condiciones bajo los cuáles será más probable que nos acerquemos o alejemos a uno de los dos tipos ideales.  Pero a efectos de lo que son nuestros intereses en este artículo, nos resulta mucho más relevante atender  lo que son las propiedades estructurales de cada actor en razón de su posición con relación al conjunto de la red. Y es que, tal y como señala Dowling (1995), el uso de las redes políticas poco o nada nos dice sobre el curso que toman las políticas si no integramos a nuestras explicaciones el comportamiento de los actores que son parte de ellas. De hecho, son ellos, más que la estructura de la red por sí misma, los que afectan el resultado de las políticas. La estructura de la red resulta relevante porque prescribe los asuntos que son discutidos, como deben ser tratados, posee un conjunto distintivo de reglas y contiene imperativos organizacionales. Pero los actores son quiénes con sus opciones estratégicas interpretan, construyen y reconstruyen las redes. Vayamos, por tanto, a identificar cuáles son las propiedades estructurales que condicionan los comportamientos de los actores en razón de su posición en la red y, por tanto, su poder negociador.

El principio más relevante que guía el nivel de análisis posicional en la red es la Centralidad. Un principio que hace referencia al punto de la red en el cual se concentra el mayor número de recursos, funciones y competencias. Éste es el referente a partir del cuál se ordenan los siguientes tipos de actores en la red:

El Intermediarismo o posición a medio camino entre dos actores que ocupa un determinado actor sería otro tipo de centralidad en la medida que ocupa una posición privilegiada desde las que controlar sus interacciones y, por tanto, teniendo poder sobre ciertos caminos de interacción. Otro de los principios a destacar que guía el análisis posicional de los actores en la red política es el conocido como Equivalencia Estructural. Este principio identifica actores que tienen pautas de relación similares al interior de la red y que, por tanto, son actores que son sustituibles entre sí.

Una vez alcanzado este punto, vamos a proceder a explorar algunos de los rasgos principales del funcionamiento de las redes políticas a partir de la interacción entre sus propiedades estructurales y sus actores. En este propósito resulta especialmente interesante la aproximación de George Tsebelis(1990) a los juegos políticos entrelazados. Y es que la complejidad de concebir la política a través de los lentes que provee el enfoque de las redes políticas es la existencia de actores que deben enfrentar simultáneamente una amplia variedad de interacciones con los otros miembros de la red. Lo que les obliga a trascender en sus cálculos hacia la lógica de un doble juego donde la opción que puede parecer racional en uno de ellos puede resultar irracional en el otro. A ello se suma el hecho que los juegos al producirse simultáneamente de acuerdo, en ocasiones, a reglas contradictorias, modifican las funciones de utilidad de los actores. Bajo estas premisas, son tres los principios que parecen articular el funcionamiento y evolución de las redes políticas.

·        La Mutua Dependencia. La existencia de una percepción de mutua dependencia entre todos los actores que son parte de una red política mediatiza todas las interacciones que se producen en ella al llevarles a autoimponerse ciertas limitaciones en su intento de maximizar sus preferencias. En otras palabras, y dado que el bien prioritario será siempre la preservación de la red, los actores optaran por aplicar la regla del maximin según la cuál se elige la opción como máxima recompensa mínima [9].  Pero además, y dado que existe una alta probabilidad de que los actores vuelvan a encontrarse a lo largo del tiempo, a ninguno de ellos les interesa romper unilateralmente la cooperación porque los pagos que obtendrían por ello serían menores que aquellos que lograrían en el medio y largo plazo manteniendo la cooperación. Veamos por qué sucede así. Considérese un juego que consta de dos momentos o “nodos”. En el primer nodo el Jugador n. 1 (J 1) debe decidir si deposita su confianza en el Jugador n. 2 (J 2). Más tarde, si el J 1 decide confiar en el J 2, este último tiene que decidir si va a cumplir su parte del trato o va a traicionar la confianza depositada en él. Si el juego discurre en una sola ronda y los pagos son los que aparecen en el gráfico, resulta obvio que al J2 nunca le va interesar cooperar ya que la estructura de pagos incentiva la traición. Sin embargo, si J1 y J2 interactúan repetidamente a lo largo del tiempo en razón de la relación de interdependencia existente entre ellos, la cooperación se convertirá en la estrategia dominante ya que, asumiendo que el factor de descuento es suficientemente alto, la suma descontada de los pagos que obtiene en cada ronda terminará superando fácilmente el pago que obtenía por la traición (2) [10] . Ahora bien, en un escenario de gran incertidumbre, como el que se da en el tipo de red política que hemos reconocido como Red Temática, gran parte de estos planteamientos pueden venirse abajo ya que el factor de descuento se sitúa en un nivel tan bajo que incentiva que el J2 pueda querer el máximo de pagos en la primera ronda ante la inseguridad sobre lo que pasará en el futuro. Si la red no desaparece y en este escenario de  incertidumbre se mantienen las soluciones cooperativas sólo puede llegar a explicarse recurriendo a la existencia de otros factores que intervienen modelando la racionalidad de los jugadores. Así, por ejemplo, debemos considerar que por razones ideológicas, morales o altruistas, uno de los jugadores opte por invertir recursos en generar un capital de confianza en la relación, aunque esto pueda suponer que sea traicionado y, por tanto, no recibir pagos en las primeras rondas.

Hasta el momento hemos asumido que los jugadores involucrados en el intercambio cuentan con un poder estructural idéntico en la red. Esto es, ocupan posiciones equivalentes al interior de la red política con relación al centro de la misma. Sin embargo, los términos de la relación cambian sustancialmente si partimos de la existencia de un poder estructural asimétrico. Como resulta obvio, la aversión de un Actor Central a desentenderse de las promesas realizadas a un Actor Intermedio o a un Actor Periférico será muy baja si no consigue sus primeras opciones ya que sabe que, más allá de cuál sea su opción (Cumplir o Traicionar) resulta muy probable que éstos se vean obligados a volver a interlocutor con él para tratar de solucionar sus problemas.  Esta situación se acentúa en aquellas redes en las que el Actor Central mantiene unas relaciones de carácter exclusivo, individualizado y particularizado con el resto de los actores ya que inhibe la posibilidad de que opten por coaligarse en estructuras desde las que poder revertir las asimetrías en el reparto de poder. La fragmentación del proceso de toma de decisiones en razón de temas o sectores o la forma en que se estructuran las relaciones entre el gobierno y sus interlocutores determina los flujos de información y, por tanto, condiciones esenciales para la formación de coaliciones como son la percepción de intereses comunes o la generación de lazos de confianza. En esta línea, debemos convenir que será mucho más probable que aparezcan coaliciones entre actores intermedios y periféricos que amenacen el poder de los actores centrales en aquellas redes políticas que se aproximen al tipo de Red Temática que al de Comunidad Política. Esto es así, principalmente, porque las constricciones establecidos desde el centro a los flujos de información son mucho mayores en este último tipo.     

·        La Intermediación como Atributo de Poder.  Tal y como señalábamos anteriormente, la idea de red política ha ido ganando adeptos en la Ciencia Política en la medida que resulta cada vez más ostensible la fragmentación del escenario político. Por esta razón, no puede resultar extraño que la mayoría de la literatura especializada haya puesto el acento en la concepción de las redes políticas como subsistemas cerrados que cuentan con amplios niveles de autogobierno. Un énfasis que, a nuestro juicio, obvia las mejores potencialidades del enfoque de las redes para repensar la realidad política desde nuevos parámetros al dejar de lado el entrelazamiento entre las distintas redes. Y es que ya sea por la acción voluntarista de los actores o de las coaliciones dominantes al interior de cada red política o por la propia inercia expansiva propia de la lógica de funcionamiento de las redes, lo cierto es que las distintas redes tienden a superponerse y vincularse entre sí condicionándose mutuamente. Lo que permite visualizar en un marco amplio una nueva forma de entender la gobernabilidad en las sociedades democráticas. Dentro de este nuevo marco en el que el poder de los actores políticos depende cada vez menos de sus atributos personales y más de su capacidad de gestión de relaciones, la posibilidad de ejercer la intermediación entre diferentes redes políticas entrelazadas entre sí aparece como un valor en alza. Esta situación puede ser claramente ejemplarizada en los procesos de transnacionalización de la política, en donde el Estado aprovecha su condición de actor con una posición preponderante entre la red política doméstica y la nueva red política internacional para afianzar su centralidad en la primera y fortalecer su posición negociadora en la segunda. Esto sucede así por qué ni sus interlocutores domésticos, ni sus interlocutores internacionales pueden cerciorarse ex ante de la veracidad de sus amenazas y promesas ya que se encuentran fundadas en la información a la que el Estado sólo tiene acceso en razón de su participación en ambas redes.

·        Impredecibilidad en el Cambio de las Reglas del Juego. Las reglas del juego que estructuran las interacciones al interior de las redes políticas no son inmutables. Por el contrario, se encuentran en permanente proceso de interpretación y reconstrucción. A ello contribuye, en primer lugar, las consecuencias no deliberadas de las decisiones de los distintos actores de la red política. En su intento por maximizar sus preferencias, los individuos pueden terminar eludiendo el cumplimiento de determinadas reglas del juego que suponen una traba a este propósito. El ejemplo más claro de esta situación es el de los automovilistas que repetidamente evaden el cumplimiento de ciertas normas de tráfico, dada la percepción de que su observancia no contribuye en nada a su seguridad. Cuando la norma llega a no ser respetada por la mayoría de automovilistas acabará siendo eliminada dada su falta de eficacia real. En el plano de la política, esta situación puede ejemplificarse en la trasgresión que los candidatos involucrados en unas determinadas elecciones hacen de aquellas normas de comportamiento surgidas del consenso y que estructuran el proceso. Seria el caso del uso de determinada información que transciende la contingencia política o la utilización de un determinado lenguaje.  Como puede comprobarse, en ambos casos nos estamos refiriendo a normas de menores o de carácter consuetudinario que, por tanto, no cuenta detrás de ellas con un fuerte sistema de sanciones que asegure su cumplimiento. El cambio de las reglas del juego de mayor jerarquía exige una premeditación por parte de los actores de la red. Lo que nunca será fácil porque siempre encontraran opositores al cambio ya sea porque consideran que puede perjudicar directamente sus intereses o porque perciben en él grandes dosis de incertidumbre. Y es que, como apunta Pierson (2002), las características propias de la institucionalidad política, a diferencia de lo que puede ser la institucionalidad económica, genera grandes dificultades para el cambio. La primera de estas características es la complejidad y opacidad de la política. Más allá de las fallas de funcionamiento atribuibles a los mercados, los precios aparecen como un indicador claro y mesurable que permite evaluar el desempeño de sus instituciones. Es, por tanto, la variación de los precios el principal catalizador de las decisiones y acciones adoptadas por actores presentes en los mercados enfocados a cambiar la institucionalidad. En la escena política la situación es bastante más complicada. En ausencia de un indicador clarificador como los precios, resulta bastante difícil generar consensos en torno al desempeño de sus instituciones y, como resultado de ello, la conveniencia o no de cambiarlas. Más aún, si tomamos en cuenta que detrás de las actuaciones de los actores políticos se encuentra una amplia gama de objetivos y, por tanto, son muchos y muy variados los criterios que se utilizan para evaluar el desempeño institucional en la política. En segundo lugar, la densidad de las instituciones políticas. Una densidad que viene determinada, a diferencia de lo que ocurre en el mundo de los negocios, por la naturaleza colectiva de la acción política. A lo que se debe añadir el efecto del engranaje legal que vincula a las distintas instituciones políticas dentro de una estructura formal y jerarquizada. Finalmente, lo que son los tiempos de funcionamiento en la política. En particular, de la preferencia por las estrategias cortoplacistas que guían las decisiones y actuaciones de los principales agentes del cambio en la institucionalidad política, los actores políticos. Lo que inhibe la creación de incentivos para que se invierta a largo plazo, como lo requiere la reforma de la institucionalidad política.  Por todo ello, y a pesar de que pueda existir un número de actores en la red que hayan constatado lo desventajoso que resulta el marco institucional vigente, la tendencia mayoritaria será a mostrarse conservadores y, como mucho, tratar de impulsar adaptaciones marginales. Además, la extensa distribución del poder entre los actores de poder limita la capacidad de los Actores Centrales para forzar a los demás a cooperar en el cambio de las reglas del juego y en la consolidación de estos cambios. Todo ello pone en entredicho las posibilidades del cambio planificado al interior de las redes políticas y acentúa la impredicibilidad del proceso.

Iniciábamos este artículo haciendo un alegato sobre las debilidades de la Ciencia Política para desarrollar una base teórica propia desde la que construir explicaciones validas en sus diversos dominios. Un situación que la convierte en una disciplina extremadamente vulnerable en un escenario de cambios como el que plantea la revolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y, en particular, el Internet en la esfera de “lo político”. Desde la actitud más reflexiva del autor que alcanza la etapa conclusiva de su trabajo, puedo considerar que hubo ciertos excesos al inicio del artículo en el intento por atraer la atención del lector y probablemente la situación no sea tan sombría para nuestra disciplina. De hecho, algunas de las patologías que arrastra la Ciencia Política contemporánea desde su aparición están en la actualidad siendo superadas gracias al aporte de una nueva generación de cientistas políticos que se distinguen por una actitud más crítica y más proactiva en la delimitación de espacios propios para la reflexión política. Pero al margen de cuál es la capacidad actual de la Ciencia Política para generar categorías explicativas estables, lo que he intentado poner de manifiesto en este artículo es la necesidad de reconsiderar el utillaje conceptual, teórico y metodológico de la disciplina a la luz de los cambios que impulsa la Sociedad de la Información. Hace algunos años, Robert O. Keohane (2001), en su condición de presidente de la American Political Science Association, defendía que en la actualidad las lentes del cientista político, más allá de su ámbito de estudio, debían estar mediatizadas por la existencia de una escenario políticos aceleradamente globalizado y en que todos sus partes mayores niveles de interdependencia. En los mismos términos, creemos estas nuevas lentes del cientista política no estarán completas sino integran como premisa las variables derivadas del nuevo escenario político que pauta la Sociedad de la Información.

[1] Datos extraídos de Donald Green e Ian Shapiro, Pathologies of Rational Choice Theory, New Haven: Yale University Press, 1994.

[2] Véase al respecto Víctor Pérez-Díaz (1997).

[3] Véase al respecto el trabajo pionero de Keck y Sikkink (1998) sobre las nuevas formas emergentes de movilización política a nivel global.

[4] Las obras de referencia en la bibliografía de Douglass C. North, son Douglass C. North, Estructura y cambio en la historia económica, Madrid: Alianza Universidad, 1984; Douglass C. North Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico, México: Fondo de Cultura Económica, 1993. Dentro de lo que es su propuesta por construir una teoría del proceso de toma de decisiones individuales que incorpore los elementos ideológicos, destaco el artículo Arthur Denzau y Douglass C. North, “Shared Mental Models: Ideologies and Institutions” en KYKLOS, vol.47,p. 3-31.

[5] Véase al respecto Jon Elster, Rational Choice, New York: New York University Press, 1986 y Jon Elster, “The Possibility of Rational Politics” en David Held (comp.), Political Theory Today, Oxford: Polity Press, 1991.

[6] Véase Pau Marí-Klose, Elección Racional, Cuadernos Metodológicos n.29, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2000.

[7] .- El enfoque de redes sociales es deudor de las más variadas corrientes de pensamiento. Las influencias del estudio de redes sociales ha sido excelentemente tratado por Scott (1991). Este autor se remonta a la escuela de la Gestalt para encontrar sus primeros orígenes. En esta corriente de la psicología, la percepción de un objeto se realiza dentro de una totalidad conceptual compleja y organizada, totalidad que posee propiedades específicas diferentes de la simple adición de las propiedades de las partes. Otra de las primeras fuentes del enfoque de las redes sociales proviene del estructural-funcionalismo antropológico desarrollado en Harvard en los años treinta y cuarenta. Esta corriente de la antropología fue posteriormente refinada por la llamada Escuela de Manchester ante las limitaciones que presentaba el estructural-funcionalismo para explicar las situaciones de cambio en las sociedades tradicionales y los mecanismos de articulación de las sociedades complejas. Entre sus más prominentes autores cabe destacar a John Barnes (1954), E. Bott (1955) o Clyde Mitchell (1969). En el ámbito de la sociología, debe situarse a Moreno (1934), quién puede ser considerado como uno de los fundadores del estudio de redes sociales. Su sociometría permitió iniciar el análisis cuantitativo de las estructuras de grupos. Finalmente, la teoría matemática de grafos, desarrollada entre otros por Cartwright y Zander (1953) o Bavelas (1948), permitió respaldar y refinar el instrumental conceptual y analítico de las redes sociales.

[8] Una clara muestra de esta proliferación de tipologías sobre redes políticas puede encontrarse en el número especial sobre la temática del European Journal of Political Research, vol. 21, n.1-2, (February 1992).

[9] La regla del maximin es la que explica el contrato social de los miembros de una sociedad en la conocida obra de Rawls, Theory of Justice (1971). Se asume que los individuos que han pasado a través del velo de la ignorancia (desprendiéndose de cualquier conocimiento de sus propios atributos personales y posiciones sociales) siguen la regla del maximin, que les induce a pensar que las únicas desigualdades justas son aquellas que operan en beneficio de las personas más favorecidas.

[10] El factor de descuento es la valoración del pago que se va a obtener en el período t+1 efectuada desde el período t. Por ejemplo, si una persona estima que un pago que va a obtener el año que viene vale un 20% menos que el mismo pago en el presente su factor de descuento es 0,8.